The Dead Man Walking School Theatre Project is wrapping up an excellent 8th season. Schools in California, Chicago, Illinois, Washington, New York, Alabama, Pennsylvania, Kansas, Oklahoma, Florida, Indiana, Utah, Ohio, and Washington, D.C, participated in the project during the 2011-2012 academic year. We are grateful to all of the casts, crews, and directors across the country that produced the play Dead Man Walking and explored the issue of the death penalty on and off the stage.

At the end of April, Pittsburg State University in Pittsburg, Kansas performed Dead Man Walking as the final piece of an interdisciplinary campus project. More than 10 classes from across campus were involved in the project. These include Pitt State Theatre and the Department of Communication, Music, Social Work Plus, Performing Arts and Lecture Series, Social Work and the Court Process, Macro Projects, Photo-documentary, Ethics in Mass Communication, Media Analysis, Poetry, and Women’s Studies. Congratulations to director Kristy Magee and the talented cast and crew!

DePaul University, the largest Catholic University in the United States, closes the season with a weeklong visit from Sister Helen Prejean, Monday, May 14- Thursday, May 17. She will participate in a series of lectures, attend a staged reading of the one-act version of Dead Man Walking, and open an exhibit in DePaul’s Special Collections and Archives, titled ““In
Deeds and Words: The Prejean Ministry Against the Death Penalty.” For a detailed schedule of the week, please visit DePaul’s website.

The Dead Man Walking School Theatre Project office is in San Francisco, California. We are excited to use the play as an educational tool across the state as part of the SAFE California ballot initiative to replace the death penalty. If you know of a high school or college in your community that may be interested in participating in the project, please contact me by email or by calling (415) 469-9149.

— May 12, 2012 — On March 14, 2011, the Los Angeles County Superior Court reversed his conviction and Francisco “Franky” Carrillo Jr. was released from prison on their order after two decades behind bars.  At 16, Franky was wrongfully convicted of the 1991 murder of Donald Sarpy. The conviction was based solely on identification testimony from six people, including the victim’s son.  All six witnesses eventually admitted that they were unable to see the shooter, and were influenced to identify Franky as the killer by police officers and by each other.

Alhough innocence issues were raised early in his trial, and again during Franky’s failed appeals, it was not until Ellen Eggers, an attorney with the Office of the State Public Defender and a Board member of Death Penalty Focus, the law firm of Morrison and Foerster, and the Northern California Innocence Project stepped in to represent him for free, that Franky was able to establish his innocence with overwhelming evidence, and win release.

Franky’s case is a stark example of the problems that contribute to wrongful convictions. All too often, eyewitnesses end up choosing the wrong person because of outdated witness identification protocols and because law enforcement officers, eager to solve serious crimes, inadvertently prompt witnesses.

Nowhere does the risk of wrongful conviction present a greater danger than in death penalty cases.  Eyewitness misidentification is responsible for close to 50 innocent men and women being sentenced to death in the US, and has played a role in many more wrongful convictions.  Franky’s case shows not only how easily mistakes can be made in California and elsewhere, but also how very difficult it is to right these terrible wrongs.

Just over a year after his release, Franky is now a student at Loyola Marymount University in Los Angeles, and a Justice Advocate with Death Penalty Focus, telling his story in person to the general public, students, congregations and community organizations, and in the media.

For a Spanish version of this article, click here.

- May 12, 2012 -

El 14 de marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia del Condado de Los Angeles  anuló la condena de Francisco “Franky” Carrillo Jr. y salió de prisión después de dos décadas tras las rejas.

En el 1991, cuando tenía 16 años, Franky fue injustamente condenado por el asesinato de Donald Sarpy. Fue condenado basándose exclusivamente en el testimonio de de seis personas, entre las cuales se encuentra el hijo de la víctima. Con el pasar del tiempo, los seis testigos admitieron que no pudieron ver quién disparó, y que la policía y los demás testigos les influenciaron para que identificaran Franky como el asesino.

Aunque la inocencia de Franky fue planteada desde las primeras fases del juicio y durante las siguientes apelaciones, fue sólo cuando Elena Eggers -abogada de la Oficina del Defensor Público del Estado y miembro del Consejo de Death Penalty Focus-, la firma de abogados Morrison & Foerster y el Innocence Project del Norte de California intervinieron para representarlo gratuitamente que Franky pudo demostrar su inocencia con pruebas contundentes y obtener así la liberación.

El caso de Franky es un ejemplo claro de los problemas que llevan a condenas erróneas. Con demasiada frecuencia los testigos oculares acusan la persona equivocada debido a protocolos de identificación inadecuados y a agentes del orden público que sin darse cuenta, movidos por el deseo de resolver delitos graves,  influencian los testigos.

En ningún otro caso el riesgo de condenar injustamente alguien  es más peligroso que en la  condena a muerte.  Errores de identificación por parte de testigos oculares han sido la causa de la condena a muerte de cerca de 50 hombres y mujeres inocentes en los EE.UU. y tienen un rol importante en muchas más condenas erróneas. El caso de Franky no sólo demuestra con que facilidad se pueden cometer errores tremendos en California y en otros lugares, sino también como es difícil corregirlos.

Poco más de un año después de su liberación, Franky estudia en la Universidad de Loyola Marymount en Los Angeles y es un Defensor de la Justicia por Death Penalty Focus. Cuenta personalmente su historia a estudiantes, congregaciones, organizaciones comunitarias, medios de comunicación y al público en general.

Para solicitar Franky u otros Defensores de la Justicia para que hablen a su grupo, por favor envíe un correo electrónico.

Please RSVP to Maria Valencia in the Office for Social Ministry by Monday, May 14 by email or at (858) 490-8323.

Jeanne Woodford es la Directora Ejecutiva de Enfoque de Pena de Muerte, la organización más grande luchando por abolir la pena de muerte en California.

Ella era la Asistente del Director del Departamento de Cárceles y Rehabilitación y Directora de la Prisión Estatal de San Quintín, donde ella superviso cuatro ejecuciones.

Su jornada fue desde ser responsable por las ejecuciones en la prisión de San Quintín hasta el presente y estar al frente de una de las organizaciones en contra de la pena de muerte en todo el país, es impresionante.

Recientemente tuve la oportunidad de hablar con ella acerca de este tema y de su trabajo en referencia de la abolición de pena de muerte en California.

P. ¿En qué aspectos ha influenciado su fe Católica y Romana en su posición referente a la pena de muerte?

R. Mi experiencia de fe en la Iglesia Católica Romana ha tenido gran influencia en mi mentalidad respecto a la pena de muerte. Me enseñaron a respetar la creación de Dios.

P. ¿Qué la llevo a estar en contra de la pena de muerte? ¿Ha estado siempre en contra? ¿Fue acaso por el tiempo que usted fue Directora de la Prisión San Quintín?

R. Yo siempre he estado moralmente en contra de la pena de muerte pero no tenia pasión por mi manera de pensar y posición.

En 1978, empecé a trabajar en la Prisión San Quintín como Oficial de la correccional. En ese tiempo, San Quintín solo tenía algunas pocas personas esperando la pena de muerte. He visto aumentar el número de los condenados en espera de la pena de muerte a 725 personas.

Siento como si hubiera crecido con la pena de muerte. La he visto por todos puntos de vista. Se como es inconvenientemente e inefectivamente costosa. Hemos gastado 4 billones de dólares en la pena de muerte desde el año 1978 y 13 ejecuciones se han llevado a cabo.

También se, como una persona con más de 30 años de experiencia en la fuerza policial, que la pena de muerte no es un elemento disuasivo. Para que un castigo sea disuasivo, debe ser rápido y convincente, la pena de muerte no es ni uno ni otro.

He llevado a cabo cuatro ejecuciones. AL final de cada ejecución, alguien de mi equipo ha preguntado: “¿Es el mundo más seguro, debido a lo que hemos hecho esta noche? “ Sabemos que la repuesta es no.

Ahora estoy comprometida a reemplazar la pena de muerte y se mucho más acerca de esta. Aprendí, por ejemplo que la pena de muerte cuesta mucho más que una cadena perpetua. Esto sorprende a muchas personas.

También es muy claro para mí que la pena de muerte tiene un gran impacto en nuestra sensación de seguridad personal y –eso no es bueno- porque tenemos menos dinero para programas de prevención y solución de crimen y violencia.

Reemplazando la pena de muerte con cadena perpetua, nuestros recursos serán usados para resolver el 46% de homicidios y 56% de violaciones reportadas que son casos no resueltos cada año en este estado.

El estudio de Justicia Criminal es una ciencia y ahora sabemos que la mejor manera de prevenir un crimen es resolverlo.

Debemos invertir nuestros dólares de justicia criminal en estrategias y procedimientos que mantengan a salvo nuestras comunidades y nuestros niños.

P. ¿Qué podría decir a los miembros de una familia que son víctimas de un crimen violento y apoyan la pena de muerte?

R. Nunca quisiera asumir que tengo el derecho de decir a las víctimas como pensar a ceca de la pena de muerte. Ellos han vivido tragedias indescriptibles que nadie debería vivir.

Yo escucho a los miembros de familias. La campaña SAFE tiene muchos seguidores que ha sufrido pérdidas terrible. Una de las razones por las que apoyan SAFE California es que pueden ver que da ayuda a las víctimas y exige compromiso de parte de los culpables.

Actualmente a los prisioneros en pena de muerte, no se les permite trabajar en la cárcel. Con SAFE, los prisioneros condenados a cadena perpetua, tendrán que trabajar en prisión y pagar al Fondo de Compensación de Víctimas.

Más de 700 miembros de familias victimizadas, pertenecen a la organización de Víctimas de Crímenes de California por Alternativas a la Pena de Muerte.

Muchos de esos miembros inicialmente pensaron que querían la pena de muerte para la persona que cometió el crimen en contra de su familiar, pero más tarde cambiaron de opinión y consideraron eso una promesa hueca.

Los años de apelaciones, los juicios, fotos de autopsias y la atención de los medios masivos al individuo que cometió el crimen en casa pequeña fase del proceso, no valía la pena considerando que la sentencia raramente era efectuada.

Otros entendieron que la carrera por vengar el daño, era más dolorosa y lastimosa y decidieron que lo más importante es que la persona que hizo el daño, fuera ser mantenida responsable y comprometida con una sentencia apropiada que permitiera un final legal y dejara a la familia el empezar un proceso de recuperación y cura.

P. ¿Qué reacción ha recibido de colegas del Departamento de Correccionales y Rehabilitación en referencia a su trabajo en este tema?

R. Muchos de mis compañeros de este campo apoyan mi trabajo. NO todos los que trabajan en el campo de justicia criminal creen en la pena de muerte.

De hecho, es mi experiencia que un gran número de empleados del San Quintín, se oponen a la pena de muerte. Sabemos que más de 100 profesionales del campo de justicia criminal, activo e inactivo, han firmado nuestra carta en posición a la pena de muerte.

P. ¿Cuándo la pena de muerte sea abolida en California, como le gustaría ver que se gastara lo que nos ahorraríamos?

R. Una parte importante destinada a SAFE –para tener un fondo para el fondo SAFE, en California y unos $30 millones para la fuerza policial investigativa que se enfoca en casos de crímenes violentos como violaciones y asesinatos.

Muchas personas no se dan cuenta de que casi la mitad de los homicidios en California, son casos no-resueltos en un periodo de un año y un poco más de la mitad de los casos de violaciones también permanecen abiertos en el mismo estatus.

Necesitamos tomar acción con respecto a los casos no resueltos de violación y homicidios mayormente en afro-americanos y comunidades Latinas. Esto no es correcto.

Todas las victimas merecen justicia. Estoy muy orgullosa de proponer el acto SAFE California porque creo que elementos como el análisis de DNA, huellas digitales y reubicación de victimas, nos permitirán hacer una diferencia en las familias victimizadas y también en nuestra propia seguridad.

El fondo de compensación de victimas proveerá servicios a víctimas como consejería y asistencia financiera para gastos de funeral.

El dinero restante ira al fondo general para mejorar el presupuesto de California, esperando que esto “salve” programas que prevengan el crimen como educación, programas preventivos y servicios a víctimas del crimen

P. ¿Por qué los católicos Romanos deben de considerar esta situación?

A. En Noviembre del 2011, el Papa Benedicto XVI expreso su apoyo a los esfuerzos de eliminar la pena de muerte porque esta está en contra de las enseñanzas católicas.

Los Obispos Católicos de California apoyaron la campana de SAFE California. Ellos dijeron: “La Justicia requiere medios proporcionados y efectivos para proteger la sociedad. Como ciudadanos, nosotros encontramos al pena de muerte como innecesaria, impráctica y de costo elevado.”

Yo estoy totalmente de acuerdo. Los católicos Romanos son directamente afectados de una manera en que ellos no están enterados. Los presupuestos de la fuerza policiaca están siendo reducidos y no tenemos recursos suficientes para mantener nuestras comunidades protegidas y a salvo.

La pena de muerte cuesta un promedio de $184 millones más por año que una cadena perpetua y continua recibiendo fondos en lugar de invertir en programas de enriquecimiento de escuelas.

Los católicos necesitan también el entender que existe el grande riesgo de ejecutar a una persona inocente. Hasta el día de hoy, 140 personas han sido liberadas de pena de muerte a nivel nacional. Aun un sistema tan bueno como el que tenemos nosotros, tiene errores y con la pena de muerte no podemos corregir esos errores.

P. ¿Cómo aconsejaría Usted a los católicos para participar en este movimiento?

R. Los católicos romanos pueden participar ayudando a alertar y educar. Pueden formar grupos en sus parroquias y formalmente apoyar SAFE California, feligreses de las parroquias pueden ser voluntarios de la campaña SAFE.
Para más información visite: www.safecalifornia.org

El Padre Michael Carson es Párroco de la Iglesia Reina de los Apóstoles en San José, Ca. Es miembro de la Comisión Nacional del Estado de California “Gente de Fe Trabajando en contra de la Pena de Muerte.”

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Last month, Connecticut became the fifth state in five years to repeal the death penalty. In Connecticut and across the country, the Catholic Church has been a leading voice calling for an end to capital punishment. When opposing an execution in 2005, the Catholic Bishops of Connecticut made their position clear: “The death penalty offers the tragic illusion that we can defend life only by taking life.” As Catholics, we should be proud that our state finally has moved beyond this tragic illusion.

The papacy of John Paul II brought increased attention on the important role that Catholics and those who value life must play in efforts to end capital punishment. In 1999, he visited the US and made a renewed call to end the death penalty and a personal plea to stop an execution to the Governor of Missouri, who granted the request. His opposition to capital punishment had its basis in the consistent life ethic, which affirms that life is sacred and demands its protection from conception to natural death.

Pope Benedict XVI has continued the Church’s advocacy for an end to capital punishment. In November 2011, the Holy Father received a delegation from Illinois that successfully had worked for repeal of the death penalty in that state. He congratulated the delegation and hoped that Illinois’ example would “encourage political and legislative initiatives being promoted in a number of countries to eliminate the death penalty.” In what will be a memorable day, Connecticut, too, will have the honor of being celebrated by the Vatican for its repeal of the death penalty.

As Connecticut debated the death penalty, I saw firsthand the important role played by the Church. During the past several years, parishes across the state have studied the death penalty, organized presentations on the issue, and written to their legislators asking them to repeal the death penalty.

My own parish in Stratford, Our Lady of Peace, had the honor of hosting a talk from Vicki Schieber in October 2010. Vicki’s story is truly remarkable. Her daughter Shannon, blessed with beauty, intelligence, and most importantly a compassionate heart, was studying at the Wharton School of Business at the University of Pennsylvania. On May 7, 1998, an intruder broke into Shannon’s apartment and brutally raped and murdered her.

Vicki recounted to our parish how this tragedy tested the deeply held Catholic principles instilled in her by her family. Amazingly, through God’s grace, prayer, and the support of her church and family, Vicki stuck to her principles: she would continue to support life and oppose the death penalty, even for Shannon’s killer. Her family actively had to fight a prosecutor in Philadelphia who wanted the death penalty in Shannon’s case. Fortunately for Vicki and her family, the murderer was sentenced to life in prison without parole, not the death penalty.

I am in awe of Vicki’s courage and commitment to promote life, even in the face of horrific tragedy. She is not alone. Here in Connecticut, over 180 murder victims’ family members in the state signed a letter urging the Connecticut General Assembly to end the death penalty.

When the Connecticut General Assembly voted to repeal the death penalty, it moved me to see that the Church’s teaching had made an impact. The teaching of the Bishops and personal stories of individuals like Vicki had resonated throughout the state. Some legislators made clear that they cast their vote so as to promote a culture of life. In an eloquent floor speech from Rep. Michael Molgano of Stamford, he cited John Paul II’s writings on the death penalty and said that he would support repealing the death penalty because it “works towards measures that value life while upholding justice.”

That is exactly what Connecticut did when it replaced the death penalty with life in prison without release: value life while upholding justice. As Catholics continue to work for repeal of the death penalty, I am hopeful that more states will follow Connecticut’s example.

Rev. Michael Carson, Pastor of Queen of Apostles Church in the Diocese of San Jose and member of the State Board of California People of Faith Working Against the Death Penalty, recently interviewed Jeanne Woodford, executive director of Death Penalty Focus(DPF). DPF is the largest organization working to abolish the death penalty in California.

Woodford previously served as the Undersecretary and Director of the California Department of Corrections and Rehabilitation and Warden of San Quentin State Prison, where she oversaw four executions. Her journey from one responsible for executions at San Quentin State Prison to running one of the largest death penalty abolition organizations in the Country is a remarkable one. Recently he had a chance to talk to her about this issue and about her work to end the death penalty in California.

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Nos sentimos complacidos de que muchas personas católicas de California hayan ayudado a los patrocinadores de la Iniciativa de “SAFE California” en la recolección de las firmas necesarias, y les felicitamos por el anuncio proveniente de la Secretaría del Estado sobre la clasificación oficial de la iniciativa para la inclusión en la boleta de California en noviembre. Si los votantes de California aprueban la iniciativa “SAFE”, las condenas de los 725 reclusos que actualmente se encuentran en el Pabellón de la Muerte, se convertirán en condenas de vida en prisión sin posibilidad alguna de obtener la libertad preparatoria.

Nosotros apoyamos esta iniciativa porque, como católicos, consideramos que la vida humana es sagrada y creemos que para que opere la justicia, este principio debe prevalecer en la manera como nos tratamos uno al otro, incluso en el caso de aquellos que han cometido daños graves.” También apoyamos esta iniciativa debido a que, como ciudadanos, consideramos que la pena de muerte es innecesaria, poco práctica y costosa. Con la aprobación de esta iniciativa, el Estado de California ahorrará millones de dólares que podrían destinarse para la protección de la sociedad, la resolución de delitos violentos y el cumplimiento más efectivo de las leyes actuales.

La aprobación de la iniciativa de “SAFE California” también ofrecerá una justicia sólida y oportuna para las víctimas de la delincuencia y sus familias. A todos nos debe interesar reconocer su sufrimiento y enfocamos nuestra oración en su sanación.

En los próximos meses seguiremos ofreciendo nuestros comentarios sobre esta iniciativa. Instamos a todos los californianos a que consideren cuidadosamente este cambio en las políticas al momento de emitir su voto en noviembre.